La masacre del Palacio de Justicia

La masacre del Palacio de Justicia

Hace 40 años, el miércoles 6 de noviembre, a las 11:40 a.m., el comando del M.19 “Iván Marino Ospina”, se tomó el Palacio de Justica donde funciona la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. El grupo guerrillero estaba conformado por 40 combatientes, hombres y mujeres, dirigidos por Luis Otero Cifuentes, Andrés Almarales y Alfonso Jaquin; todos ingresaron por el sótano.

Para la retoma se desplegaron más de 1.000 hombres, 24 tanques y un helicóptero. Era como una película de horror; el mundo quedó impactado observando la escena del Palacio en llamas a pocos metros de la sede del Gobierno y del Congreso. El saldo no pudo ser más dramático pues fueron asesinados 11 magistrados de las altas cortes y cerca de 100 personas, entre funcionarios judiciales, empleados, guerrilleros y militares. La democracia había sido herida de muerte.

El sacrificio de la justicia

En 1984 Pablo Escobar había asesinado al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y al año siguiente, cuando la Corte Suprema discutía la legalidad del tratado de extradición con Estados Unidos, varios magistrados recibieron panfletos con el siguiente texto: “el tratado se tiene que caer […] No nos defraude, porque no va a tener tiempo de lamentarse […] Es bueno que sepa que no aceptamos disculpas estúpidas. No aceptamos que se enferme, que se declare impedido, que se vaya de vacaciones, que renuncie”.

Sobre el tema se pronunció el magistrado Carlos Betancourt, quien era el presidente del Consejo de Estado y logró escapar en medio de las llamas y del tiroteo, afirmando que el 17 de octubre de 1985, por invitación de la Policía Nacional, “nos informaron al presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía y a mí, que se había descubierto un plan para tomar el Palacio por el M-19, patrocinado por los extraditables, interesados en que la ley de extradición, fuera declarada inexequible”. Agregó que durante la reunión se propusieron varias medidas de seguridad que no se realizaron porque estaba agotado el presupuesto del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y solo fue posible aumentar el pie de fuerza.

Sin embargo, el 6 de noviembre quitaron la vigilancia especial y el edificio quedó bajo la custodia de tres celadores de una oficina de vigilancia privada y armados deficientemente; por eso la toma guerrillera resultó tan fácil. El magistrado puso el dedo en la llaga cuando afirmó, de un modo contundente, que “Nadie nos rescató, pese a que figuré en la lista de los rescatados por el Ejército con otras 242 personas. Nadie lo hizo, quizás porque la autoridad solo tenía la orden de salvar al doctor Jaime Betancur Cuartas, hermano del presidente, y a la doctora Clarita Forero de Castro, esposa de Jaime Castro, en ese momento ministro de Gobierno […] No creo que los guerrilleros del M-19 hayan causado el incendio del Palacio […] Se oyeron insistentes rumores de que la Policía, a eso de las siete de la noche, ingresó al edificio con bidones de gasolina y estopa. Lo he repetido desde 1985. En esos hechos trágicos concurrieron dos grandes manifiestos responsables: el M-19 que desató la tragedia, quizá movido por la ingenua creencia de que el poder judicial era importante en Colombia y que de ese modo se paralizaría el país. Y el segundo, la autoridad militar por proceder en forma absurda, estúpida y con falta de profesionalismo para reconquistar el Palacio sin importar las más de 200 personas inocentes que estábamos allí”.

En esta misma dirección se pronunció Carlos Medellín, hijo de Carlos Medellín Forero, quien murió en el holocausto del Palacio: “Tomaron la decisión de quemar el Palacio y borrar las evidencias. La acción del fuego primero, y luego el agua a presión de los bomberos, hizo lo suyo para vergüenza de la justicia y el derecho. Lo sucedido en el baño al día siguiente, el 7 de noviembre, fue el epílogo de la tragedia. Un tanque disparando contra los rehenes que habían pasado ahí la noche es la prueba adicional de la crueldad excesiva y la cobardía contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado”.

El exministro de Justicia, Yesid Reyes, hijo del entonces presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, cuenta su propia tragedia. Logró comunicarse con Luis Otero del M-19, quien le dijo que estaba con su papá y que “tenía 15 minutos para conseguir un cese al fuego o si no nos morimos todos”. Pero el presidente no le quiso pasar al teléfono; intentaron a través de Gabriel García Márquez, quien estaba en París y por medio de Yamid Amat, y fue imposible. Como no había comunicación con el Palacio de Nariño decidieron salir por radio; de este modo se produjo el angustioso llamado del doctor Reyes Echandía: “Que el presidente de la República dé la orden de cese al fuego, ¡Inmediatamente!” El presidente Betancur no escuchó lo que todo el mundo oyó.

El vacío de poder

Los ruegos del presidente de la Corte tocaron las fibras de los colombianos, y llegó la censura. La ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, llamó a varios periodistas, para pedirles que interrumpieran sus programas de radio, porque afectaban los operativos de rescate; y les advirtió que en caso contrario les quitaría la señal. Sobre el tema dijo Yamid Amat que “mientras la Corte ardía y estaban asesinando a los magistrados, los colombianos veían el partido Millonarios contra Unión Magdalena”; y agregó que “hoy me pregunto qué habría pasado si no hubieran callado la radio”.

Cuando culminó esta película de terror saltaron los fantasmas, llegaron los enigmas ¿Por qué estaba desprotegido el Palacio de Justicia? ¿Hubo alianza entre el M-19 y Pablo Escobar? ¿Fue una toma anunciada? Pasaron las horas y crecían los rumores sobre rehenes y guerrilleros ajusticiados con tiros de gracia y de otros que salieron vivos y luego aparecieron muertos. En el cuerpo del magistrado Reyes Echandía se encontró un proyectil de calibre 9 mm, un arma que no usó la guerrilla; y los cuerpos de los magistrados  Ricardo Medina Moyano y José Eduardo Gnecco presentaron impactos similares. Los trabajadores de la cafetería y la guerrillera Irma Franco supuestamente salieron con vida. Los restos de tres de ellos aparecieron años más tarde.

Unos días después de la tragedia Yesid Reyes, y los hijos de los otros magistrados fallecidos,  recibieron una carta del gobierno con un decreto de honores, pero la rechazaron. Como respuesta le comunicaron al presidente Betancur “que el mayor honor que hubiera podido hacerles a sus padres era haberles pasado al teléfono cuando lo llamaron en medio de la toma”. En este ambiente quedó otra pregunta ¿Hubo golpe militar? El exministro de Comunicaciones, Bernardo Ramírez, muy cercano al presidente Betancur, dijo que “Fue un golpe de Estado técnico. Los militares desobedecieron la orden del Presidente”. Quedan muchas dudas. ¿Algún día se conocerá la verdad?

Por Albeiro Valencia Llano